Los trabajadores larenses, y muy especialmente a los de nuestro sector de la vigilancia privada, debemos organizarnos con miras a participar efectivamente en la elaboración de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, y especialmente para que se apruebe la REDUCCIÓN DE NUESTRA JORNADA DE TRABAJO; sentida reivindicación que ha sido para nosotros bandera de lucha durante casi una década, que como dirigentes clasistas y revolucionarios hemos levantado en todos los escenarios regionales y nacionales posibles, procurando el mayor beneficio de nuestros trabajadores.
En esta reforma debe incluirse por mandato expreso de nuestra Carta Magna, un nuevo régimen para el derecho a las prestaciones sociales, adecuándose al último salario percibido por el trabajador y aumentando el lapso de prescripción a diez años, así como también debe elaborarse un conjunto de normas que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución.
Estas disposiciones, que son muy beneficiosas para los trabajadores en general, tienen un carácter mucho más acentuado para el ramo de la vigilancia privada, por cuanto la vigente Ley del Trabajo mantiene como rezago de otros tiempos, una odiosa discriminación que permite que a nuestros trabajadores se les aplique una jornada de trabajo, que duplica en su duración a la que cumplen la mayoría de los trabajadores.
Esta situación, además de atentar contra la igualdad garantizada en nuestra CRBV, bajo supuestos totalmente ajenos a la realidad y lesionando su salud física y mental, impide en la práctica el acceso de los trabajadores de la vigilancia a una serie de derechos fundamentales, haciéndolos de imposible o muy difícil consecución; tales como el acceso a la educación, a la recreación y el esparcimiento, a su participación activa en la vida política y social, o en la Reserva Militar, etc.
Pero además de lo mencionado, es necesario legislar sobre muchos aspectos de nuestra ley sustantiva, instaurando nuevas relaciones de trabajo, apuntando al socialismo; adaptarse también la nueva legalidad existente en nuestra Constitución y en las leyes de carácter más progresista; se debe eliminar la tercerización y otras normativas flexibilizadoras; aumentar los insuficientes quince días de vacaciones y aguinaldos; que se establezcan mecanismos verdaderamente efectivos para lograr el reenganche de los trabajadores despedidos y amparados por fuero o inmovilidad laboral; Igualmente ajustar en Unidades Tributarias las sanciones con que se penalizan a los patronos infractores, ya que lo irrisorio de las multas son una invitación permanente para que éstos las vivan incumpliendo, entre otras muchas cosas.
En esta reforma debe incluirse por mandato expreso de nuestra Carta Magna, un nuevo régimen para el derecho a las prestaciones sociales, adecuándose al último salario percibido por el trabajador y aumentando el lapso de prescripción a diez años, así como también debe elaborarse un conjunto de normas que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución.
Estas disposiciones, que son muy beneficiosas para los trabajadores en general, tienen un carácter mucho más acentuado para el ramo de la vigilancia privada, por cuanto la vigente Ley del Trabajo mantiene como rezago de otros tiempos, una odiosa discriminación que permite que a nuestros trabajadores se les aplique una jornada de trabajo, que duplica en su duración a la que cumplen la mayoría de los trabajadores.
Esta situación, además de atentar contra la igualdad garantizada en nuestra CRBV, bajo supuestos totalmente ajenos a la realidad y lesionando su salud física y mental, impide en la práctica el acceso de los trabajadores de la vigilancia a una serie de derechos fundamentales, haciéndolos de imposible o muy difícil consecución; tales como el acceso a la educación, a la recreación y el esparcimiento, a su participación activa en la vida política y social, o en la Reserva Militar, etc.
Pero además de lo mencionado, es necesario legislar sobre muchos aspectos de nuestra ley sustantiva, instaurando nuevas relaciones de trabajo, apuntando al socialismo; adaptarse también la nueva legalidad existente en nuestra Constitución y en las leyes de carácter más progresista; se debe eliminar la tercerización y otras normativas flexibilizadoras; aumentar los insuficientes quince días de vacaciones y aguinaldos; que se establezcan mecanismos verdaderamente efectivos para lograr el reenganche de los trabajadores despedidos y amparados por fuero o inmovilidad laboral; Igualmente ajustar en Unidades Tributarias las sanciones con que se penalizan a los patronos infractores, ya que lo irrisorio de las multas son una invitación permanente para que éstos las vivan incumpliendo, entre otras muchas cosas.
(Declaraciones ofrecidas a medios de comunicación larenses y publicadas en nuestro periódico político-sindical GUARDIANES en Septiembre del 2008).
