COMUNICADO CANCILLERÍA VENEZOLANA ANTE GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena el golpe de Estado que la oligarquía hondureña pretende imponer contra el gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo de Honduras.
El Presidente Manuel Zelaya Rosales fue secuestrado, sacado por la fuerza de su residencia, incomunicado durante varias horas y expulsado violentamente de su país por un grupo de militares golpistas y apátridas. Militares encapuchados secuestraron a la Canciller Patricia Rodas y golpearon a los Embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela mientras efectuaban esta detención arbitraria. Estos militares indignos son responsables ante las leyes nacionales e internacionales, de los crímenes que están cometiendo y de la violación de la constitución y las leyes.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insta con urgencia a la comunidad internacional a que condene esta situación y tomemos las medidas necesarias para derrotar el Golpe de Estado en Honduras y a restablecer al Gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Caracas, 28 de junio de 2009

Entre 25 y 30% aumentó en Carabobo demanda de Servicio de Vigilancia Privada

Francisco A. Briceño J.

Valencia, junio 16.- Como un reflejo de los altos índices de inseguridad que azotan al país, las empresas de vigilancia en Carabobo han reportado un incremento entre 25 y 30% en la demanda de sus servicios para empresas, centros comerciales y conjuntos residenciales. El déficit de trabajadores del área oscila entre 15 y 20%.

Héctor Ludovic es propietario de Asesoramiento Custom, Vigilancia y protección, empresa con 12 años de servicio en el estado. Cree que “con la seguridad no se debe jugar, porque es un artículo de primera necesidad”. Con el incremento de locales, establecimientos comerciales, edificios y conjuntos residenciales ha aumentado su personal. Cuentan con 200 personas, pero requieren por lo menos 15% más. Cada uno de esos 200 trabajadores de Custom, al igual que en toda empresa de seguridad, pasa por diversas revisiones.

Manejar un arma y cuidar lo ajeno no es una labor para cualquiera. “Los clientes siempre quieren oficiales de seguridad con buena presencia, buen trato hacia las personas y buen hablar”. Bajo esta premisa, parte de los requisitos son que las edades de los aspirantes al puesto oscilen entre 25 y 50 años y que tengan estudios mínimos de bachillerato. Cuentan con más posibilidades aquellos que provengan de la Reserva Militar o algún cuerpo de seguridad. En todos los casos, y por obligación de la Ley, las empresas les dictan charlas y cursos sobre el manejo de armas y se les informa de sus riesgos como trabajadores de este campo.

Que no tengan problemas judiciales es otro de los requisitos. Este punto ha causado controversia, por cuanto la Ley prohíbe a las empresas revisar los antecedentes penales de los aspirantes al cargo de vigilante. El artículo 8 de la Ley de Registro de Antecedentes Penales, sancionada el 3 de agosto de 1979, aún vigente, establece que “queda prohibido a cualquier empresa o persona exigir a los particulares, con ocasión de las ofertas de trabajo y en materia relacionada con el reclutamiento laboral, la presentación de los antecedentes penales”.

Considerando que parte del personal deberá manejar armas, la única salida que les queda a los dueños de empresas es realizar evaluaciones psicológicas, y dejan a su criterio la escogencia de quiénes podrán portar armas y quiénes no. Sobre este aspecto los clientes también tienen voz y voto, pues solo ellos deciden si desean que el personal que les custodie utilice armas de fuego, previamente aprobadas por el Ejecutivo Nacional.

Las más comunes son revólveres y escopetines. Esto también incide en el precio del servicio, que oscila entre los 4 mil y 5 mil bolívares fuertes por una jornada de 12 horas durante el día. En la noche, el precio puede variar de entre 4 mil 500 y 5 mil 500. Es decir, por prestar el servicio de dos vigilantes en un edificio -uno en cada turno de 12 horas-, el cliente deberá cancelar entre 8 mil 500 y 10 mil 500 bolívares fuertes mensuales a la empresa.

Estas elevadas cifras pueden incrementarse aún más en centros comerciales, casinos y entidades bancarias, que requieren de una mayor seguridad. La demanda ha ido elevándose casi a la par de las zonas residenciales. Ventajas del servicio Entre las ventajas de las empresas de seguridad privadas cuenta la conexión con una central que debe monitorear a los vigilantes cada cierto tiempo, a fin de verificar la situación donde prestan el servicio. “Si no se reportan, de inmediato les enviamos una comisión de supervisión para verificar la normalidad del sitio”.

Dentro de estos servicios aún no se incluyen los de escoltas a personalidades o mercancías en tránsito, pues se está a la espera de la modificación del Decreto 699 de Vigilancia, que desde hace varios años está en la Asamblea Nacional.

Delincuencia: problema número 1 La delincuencia sigue siendo el problema número uno del país y ha crecido últimamente de niveles de 48 a 49 a índices de 58 puntos hace un mes y ahora a casi 56 puntos; es decir prácticamente lo mismo, estimó el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León. Consultado este martes por Unión Radio, León considera que la delincuencia, pobreza y corrupción son los principales problemas que aquejan a los venezolanos, que “se entretejen de alguna forma con la política oficial, de Estado, porque uno ve que esas cosas ocurren y no pasa nada”.

(Artículo originalmente publicado en el Carabobeño_Por cortesía de Vigilancia Activa).

¿QUE SE OCULTA TRAS ASOVESS ?

Desde mediados del año 2007, hemos venido observando con detenimiento a una fulana ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EMPRESARIOS SOCIALISTAS DE SEGURIDAD ASOVESS). Lo más curioso es del caso, es que sus voceros no pregonan ni siquiera los argumentos corrientes del Empresariado que dice apoyar nuestro proceso, con aquello de pagar al día sus impuestos, contribuir con la seguridad social, pagar al día a sus trabajadores y mantener planes benéficos enmarcados en lo que se conoce ahora como “responsabilidad social empresarial”, sino que llegan a la audacia de pregonar perlas como estas:
1.- Que la organización nace de “la necesidad del empresario de cómo reintegrar los esfuerzos y beneficios a favor de los trabajadores”.
2.- Que van a “cambiar el paradigma de explotación del hombre por el hombre en una visión más humanista”.
3.- Que dentro del esquema que manejan como Empresas de Vigilancia “se le dará prioridad a la relación con las comunidades así como velar por los beneficios laborales de sus trabajadores”.
4.- Que “existiría la manifestación de voluntad de compartir las ganancias en beneficios socioeconómicos para los trabajadores y sociales para la comunidad”.
Si tales afirmaciones fueran creíbles, entonces ya podríamos decretar el fin de los sindicatos, pues nuestros patronos asumirían la defensa de sus trabajadores…y dado que son ellos los únicos responsables de nuestra explotación…pues listo…¡¡ se acabaron nuestros problemas!!.
Si embargo, la realidad nos indica que a estos “SOCIALISTAS”, fuera de encantarles el retratarse con personeros del gobierno, enfundados en camisas y guayaberas rojas rojitas, y dispararse rimbombantes discursos que ellos consideran que “suenan” socialistas, en poco se diferencian de sus esuálidos colegas. Es más, en muchas de las empresas inscritas en el rancio, oligárquico y opositor gremio de CANAVIPRO, se honran más sus compromisos con los trabajadores, que en las de estos vivarachos de siete suelas.
En Portuguesa se da un caso emblemático. Uno de los altos Directivos de ASOVESS, es propietario de una empresa, que incumple hasta lo más básico de la Ley del Trabajo, Seguro Social, Ley de Alimentación y demás. Pues bien, cuando fue emplazada por el Sindicato Bolivariano a demostrar su carácter socialista, cancelando todas sus deudas, salió con la genialidad de alegarles “que el solo se entendería con Consejos de Trabajadores”. ¿Que Tal?.
En síntesis, creemos que esa “RARA AVIS” que es la ASOVESS, hasta tanto no DEMUESTRE CON HECHOS su fulano carácter socialista; a nuestros ojos seguirán siendo un grupo más de capitalistas explotadores, de los muchos que se infiltran en el proceso para obtener los mayores contratos y beneficios.

Bernardino B. Navarro_Secretario de Actas y Correspondencias de SUNTRAVIPRIV.

SUNTRAVIPRIV Trabajando por la Unidad Sindical

En el proceso de seguir unificando criterios de lucha y estableciendo políticas comunes entre los diversos sindicatos progresistas de la vigilancia privada, nuestro sindicato SUNTRAVIPRIV sostuvo una cordial reunión el día 7 de Febrero próximo pasado, con nuestros compañeros Directivos del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA VIGILANCIA PRIVADA Y SUS SIMILARES DEL ESTADO PORTUGUESA (SUNTRAVIPRIP), cuyo escenario fueron los acogedores espacios de la Plaza Bolívar de la ciudad de Acarigua.
Por nuestra organización acudieron nuestro Presidente Pedro Luis Aguilera, el Secretario General José Antonio Amaro, y el Secretario de Actas y Correspondencias, Bernardino Navarro. Por parte de nuestros colegas de SUNTRAVIPRIP, se hicieron presentes su Secretario General, Pablo Aranguren, y nuestro camarada y Secretario de Organización Francisco Pulgar.
Nuestros dos sindicatos, mantienen una historia muy cercana, desde hace muchos años atrás. Primeramente porque ambos fueron creados por miembros de la funesta familia Mantilla, en la sola intención de lucrarse a costa de los trabajadores; sin embargo, luego de muchos años de lucha a lo interno del sindicato, en el 2001, es rescatado SUNTRAVIPRIV, expulsados sus burócratas cetevistas, y puesto al servicio de la causa proletaria y socialista.
Y un poco después, a finales del 2003, un grupo de trabajadores, encabezados por José Cabrera, asesorados por el sindicato Barquisimetano, también logran reactivar a su similar de Portuguesa, en función de apoyarse mutuamente en las luchas que pronto habrían de darse.
Del fruto de ese trabajo en unidad, logramos dos años después, la consecución de la Reunión Normativa Laboral, que concluyó en una Convención Colectiva, que benefició a trabajadores de más de treinta empresas de vigilancia privada de los Estados Lara y Portuguesa.
Actualmente, ambos sindicatos luchamos duramente en cada una de nuestras entidades contra el enemigo común, representado en los patronos y sus perennes violaciones a los derechos de los trabajadores. Y nuestra UNIDAD se ha mantenido pese a las diferencias que a lo largo de este camino han podido surgir, pero que bien hemos sabido superar.
Esta búsqueda de políticas de lucha común, consideramos que debe ser objetivo primordial de todas nuestras organizaciones progresistas, se denominen como se denominen…revolucionarias, socialistas o bolivarianas.

Los trabajadores y la coyuntura actual, política y sindical, nos lo exigen y es nuestra responsabilidad estar a esa altura.

Empresas de Seguridad y los Alertas de JVR

El pasado mes de mayo se cumplieron cinco años de los acontecimientos relacionados con los Paramilitares, que estaban siendo entrenados en la finca Daktari en el Municipio El Hatillo, propiedad de una persona ligada a la oposición, y cuyos objetivos incluían desde la desestabilización, al mismísimo magnicidio del Presidente Chávez.
Ese siniestro capítulo de la reciente historia política de nuestro país, que pareciera haber quedado en el olvido, solo es recordado de vez en cuando, cuando nuestro gobierno desmonta planes, que indican que el golpismo insiste en usar cualquier método sucio, con tal de conseguir sus fines.
Uno que no les pierde la vista José Vicente Rangel. Ya no como funcionario activo, este periodista y hombre de izquierda, y quien ostentara inclusive el cargo de Vice-Presidente de la República y hombre de confianza del Comandante, mantiene ahora su activismo político desde las trincheras comunicativas.
Y entre las muchas denuncias que hace, nos llama poderosamente la tención la continuidad de algunas relativas a las Empresas de Seguridad.
Efectivamente, las Empresas de Seguridad, siguen siendo un foco desde donde se puede hacer de todo: desde la adquisición de armamento de guerra, hasta el entrenamiento de paramilitares nacionales y extranjeros con fines desestabilizadores. Veamos pues, tres de sus últimas denuncias sobre el tema, ofrecidas en su espacio de televisión “LOS CONFIDENCIALES”:
En Venezuela se multiplican empresas de seguridad colombianas

¿Están las autoridades venezolanas al tanto del número de empresas de seguridad y vigilancia propiedad de ciudadanos colombianos, constituidas y legalizadas últimamente en el país? (09.11.08).
Empresas de seguridad sin control

“El 80% de las empresas de seguridad que funcionan en Venezuela son propiedad del sector privado y sobre ellas prácticamente no existe control del estado. Algunas de esas empresas, probablemente las más importantes, están por cierto vinculadas a organismos de inteligencia y seguridad de otras naciones” (18.01.09).
Oposición se plantea deslegitimar poderes
“Un segundo escenario sería un Frente Radical, a mediano plazo, para oponerse a leyes que son catalogadas por la oposición de autoritarias y antidemocráticas, para ello se han creado sub frentes para movilizar a la oposición contra el Gobierno Nacional para obligar la salida del presidente Chávez por la vía de facto”. "A esta acción se le suman organizaciones como el Bloque de Militares Retirados, Alianza Militar Venezolana, compañías de seguridad de policías y militares retirados, grupos paramilitares y un frente internacional" (18.01.09).
Como podemos observar, el problema del uso de las empresas de seguridad, como agencias fachadas para cometer ilícitos, no solo no es un asunto pasado, sino que tiende a crecer, en sintonía con que ocurre en otras partes del orbe.
Las organizaciones de Derechos Humanos por ejemplo, han descrito lo que ocurre en Irak, con el uso de tales “empresas de seguridad”, adonde envían y protegen bajo su fachada, a mercenarios sin ningún respeto por la vida humana, exceptuados por su condición de civiles de cumplir las normativas militares humanitarias, como la Convención de Ginebra, y amparados por ese mismo hecho de poder ser juzgados de crímenes de guerra.
En México, una de esas tristemente célebres empresas de seguridad, la “Blackwater”, abrió y ofreció recientemente su campamento de entrenamiento a los ejércitos y policías del mundo, en tácticas antiterroristas y de operaciones especiales tipo SWAT, en una suerte de “Escuela de las Américas” de carácter privado.
En Colombia, decenas de Paramilitares, sobre quienes pesan acusaciones de violaciones contra los derechos humanos, son absorbidos por empresas de vigilancia, como parte del paquete de desmovilización ofrecido por el gobierno.
Ante este panorama, creemos más pertinente aún, ratificar nuestra exigencia en el sentido que nuestro gobierno debe poner de una vez por todas el cascabel al gato en materia de supervisión y control estricto de las empresas de Vigilancia y Seguridad.
No puede seguir ocurriendo, que los responsables de la supervisión, el ente llamado DIGESERVIP (ahora CONASERVIP), reconozca pública y notoriamente la existencia de un aproximado de 80% de empresas ilegales… ¡¡ y no haga absolutamente nada al respecto !!.
Igualmente hemos propuesto, que una vez aprobada la reducción de nuestra jornada laboral, en parte del tiempo excedente, bien se podría dar formación política, militar e ideológica, a la par de conformarse una amplia red en actividades de inteligencia y contra-inteligencia, a muchos de nuestros compatriotas, aprovechando el factor clave de nuestra dispersión geográfica en viviendas, industrias y comercios, a todo lo largo y ancho del país.
Esta medida igualmente debería de ir acompañada de la expropiación de aquellas empresas que incumplan reiteradamente las normativas legales, o que se vean incursas en planes desestabilizadores, poniéndolas bajo control de los trabajadores.
Así transformaríamos una situación, de potencialmente favorable al golpismo, en una de cambio total y liberación social y económica, para muchos compatriotas que hoy laboran semi-esclavizados en empresas de vigilancia, y que se encuentran ansiosos de poder colaborar con la derrota de aquellos y por la profundización del socialismo.

Decreto de Aumento del Salario Mínimo 2009

Decreto Nº 6.660, mediante el cual se fija aumento de 20% del salario mínimo mensual obligatorio para las trabajadoras y trabajadores que presten servicio en los sectores públicos y privados, en los términos que en él se indican.

Gaceta Oficial Nº 39.151 del del 1 de abril de 2009
Decreto N° 6.660 del 30 de marzo de 2009

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Presidente de la República

En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 11 y 24 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículo 80 y 91 ejusdem, y de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 22, y 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como en los artículos 84, literal c) y 69 de su Reglamento, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado garantizar el derecho de la trabajadora y del trabajador a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia, las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, siendo una parte del logro de la mayor suma de felicidad posible que el Libertador legó como objetivo de la Nación,

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado los convenios Nros. 26, 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), relativos al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, a la protección del salario y a la igualdad de remuneración entre la mano de obra femenina y masculina, por un trabajo de igual valor, respectivamente,

CONSIDERANDO

Que debe mantenerse, para cumplir con el compromiso democrático, la igualdad, la política de recuperación sostenida del poder adquisitivo de la población venezolana, así como la dignificación de la remuneración del trabajo, y de igual manera el desarrollo de un modelo productivo endógeno, capaz de generar empleos estables y de calidad.

DECRETA

Artículo 1°. Se fija aumento de 20% del salario mínimo mensual obligatorio para las trabajadoras y trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, cancelando la cantidad mensual de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 879,15), a partir del primero de mayo de 2009, el cual representa un aumento del 10%, y el 10% restante en el mes de septiembre de año en curso, quedando a partir de esta fecha el salario mínimo en NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CENTÍMOS (Bs. 959,08). El salario mínimo obligatorio corresponderá a las trabajadoras y trabajadores urbanos, rurales, domésticos, y de conserjería independientemente del número de trabajadores que presten servicio para el patrono.

Artículo 2°. Se fija como salario mínimo para los adolescentes aprendices de conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título V de la Ley Orgánica del Trabajo la cantidad mensual de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 879,15), por jornada diurna a partir del primero de mayo de 2009, el cual representa un aumento del 10%, y el 10%, restante en el mes de septiembre del año en curso, quedando a partir de esta fecha el salario mínimo en NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 959,08).

Artículo 3°. Los salarios mínimos fijados en los artículos anteriores, deben ser pagados en dinero efectivo y no comprenderán como parte de los mismos ningún tipo de salario en especie.

Artículo 4°. El salario mínimo fijado en el artículo 1° del presente Decreto, por ninguna razón implicará el aumento en la escala general de sueldos y salarios de la Administración Pública.

Artículo 5°. Se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 6°. Se fija como monto mínimo de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 7°. Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial el salario estipulado como mínimo podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto fuere pertinente.

Artículo 8°. El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos por este Decreto, será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 627 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 9°. Se mantendrán inalterables, las condiciones de trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio de la trabajadora o trabajador.

Artículo 10. El presente Decreto entrará en Vigencia, a partir del 1° de mayo de 2009.

Artículo 11. Remítase el presente Decreto a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 69 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 12. El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social queda encargado de la Ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil nueve. Años 198° de la Independencia, 150° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese,

(L.S.) HUGO CHÁVEZ FRÍAS

RefrendadoEl Vicepresidente Ejecutivo, RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, LUIS RAMÓN REYES REYES
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS
El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO
El Ministro del Poder Popular para el Comercio, EDUARDO SAMÁN
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, RODOLFO EDUARDO SANZ
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, PEDRO MOREJÓN CARRILLO
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, ELÍAS JAUA MILANO
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, LUIS ACUÑA CEDEÑO
El Ministro del Poder Popular para la Educación, HÉCTOR NAVARRO
El Ministro del Poder Popular para la Salud Y Protección Social, JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS
La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS
El Ministro del Poder Popular para Las Obras Públicas y Vivienda, DIOSDADO CABELLO RONDÓN
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente, YUVIRÍ ORTEGA LOVERA
El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, JORGE GIORDANI
La Ministra del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, NURIS ORIHUELA GUEVARA
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, JESSE CHACÓN ESCAMILLO
La Ministra del Poder Popular para las Comunas, ÉRIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, HÉCTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS
La Ministra del Poder Popular para el Deporte, VICTORIA MERCEDES MATA GARCÍA
La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, SOCORRO ELIZABETH HERNÁNDEZ
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO
La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, MARÍA LEÓN