El pasado mes de mayo se cumplieron cinco años de los acontecimientos relacionados con los Paramilitares, que estaban siendo entrenados en la finca Daktari en el Municipio El Hatillo, propiedad de una persona ligada a la oposición, y cuyos objetivos incluían desde la desestabilización, al mismísimo magnicidio del Presidente Chávez.Ese siniestro capítulo de la reciente historia política de nuestro país, que pareciera haber quedado en el olvido, solo es recordado de vez en cuando, cuando nuestro gobierno desmonta planes, que indican que el golpismo insiste en usar cualquier método sucio, con tal de conseguir sus fines.
Uno que no les pierde la vista José Vicente Rangel. Ya no como funcionario activo, este periodista y hombre de izquierda, y quien ostentara inclusive el cargo de Vice-Presidente de la República y hombre de confianza del Comandante, mantiene ahora su activismo político desde las trincheras comunicativas.
Y entre las muchas denuncias que hace, nos llama poderosamente la tención la continuidad de algunas relativas a las Empresas de Seguridad.
Efectivamente, las Empresas de Seguridad, siguen siendo un foco desde donde se puede hacer de todo: desde la adquisición de armamento de guerra, hasta el entrenamiento de paramilitares nacionales y extranjeros con fines desestabilizadores. Veamos pues, tres de sus últimas denuncias sobre el tema, ofrecidas en su espacio de televisión “LOS CONFIDENCIALES”:
En Venezuela se multiplican empresas de seguridad colombianas
¿Están las autoridades venezolanas al tanto del número de empresas de seguridad y vigilancia propiedad de ciudadanos colombianos, constituidas y legalizadas últimamente en el país? (09.11.08).
Empresas de seguridad sin control
Empresas de seguridad sin control
“El 80% de las empresas de seguridad que funcionan en Venezuela son propiedad del sector privado y sobre ellas prácticamente no existe control del estado. Algunas de esas empresas, probablemente las más importantes, están por cierto vinculadas a organismos de inteligencia y seguridad de otras naciones” (18.01.09).
Oposición se plantea deslegitimar poderes
“Un segundo escenario sería un Frente Radical, a mediano plazo, para oponerse a leyes que son catalogadas por la oposición de autoritarias y antidemocráticas, para ello se han creado sub frentes para movilizar a la oposición contra el Gobierno Nacional para obligar la salida del presidente Chávez por la vía de facto”. "A esta acción se le suman organizaciones como el Bloque de Militares Retirados, Alianza Militar Venezolana, compañías de seguridad de policías y militares retirados, grupos paramilitares y un frente internacional" (18.01.09).
Como podemos observar, el problema del uso de las empresas de seguridad, como agencias fachadas para cometer ilícitos, no solo no es un asunto pasado, sino que tiende a crecer, en sintonía con que ocurre en otras partes del orbe.
Las organizaciones de Derechos Humanos por ejemplo, han descrito lo que ocurre en Irak, con el uso de tales “empresas de seguridad”, adonde envían y protegen bajo su fachada, a mercenarios sin ningún respeto por la vida humana, exceptuados por su condición de civiles de cumplir las normativas militares humanitarias, como la Convención de Ginebra, y amparados por ese mismo hecho de poder ser juzgados de crímenes de guerra.
En México, una de esas tristemente célebres empresas de seguridad, la “Blackwater”, abrió y ofreció recientemente su campamento de entrenamiento a los ejércitos y policías del mundo, en tácticas antiterroristas y de operaciones especiales tipo SWAT, en una suerte de “Escuela de las Américas” de carácter privado.
En Colombia, decenas de Paramilitares, sobre quienes pesan acusaciones de violaciones contra los derechos humanos, son absorbidos por empresas de vigilancia, como parte del paquete de desmovilización ofrecido por el gobierno.
Ante este panorama, creemos más pertinente aún, ratificar nuestra exigencia en el sentido que nuestro gobierno debe poner de una vez por todas el cascabel al gato en materia de supervisión y control estricto de las empresas de Vigilancia y Seguridad.
No puede seguir ocurriendo, que los responsables de la supervisión, el ente llamado DIGESERVIP (ahora CONASERVIP), reconozca pública y notoriamente la existencia de un aproximado de 80% de empresas ilegales… ¡¡ y no haga absolutamente nada al respecto !!.
Igualmente hemos propuesto, que una vez aprobada la reducción de nuestra jornada laboral, en parte del tiempo excedente, bien se podría dar formación política, militar e ideológica, a la par de conformarse una amplia red en actividades de inteligencia y contra-inteligencia, a muchos de nuestros compatriotas, aprovechando el factor clave de nuestra dispersión geográfica en viviendas, industrias y comercios, a todo lo largo y ancho del país.
Esta medida igualmente debería de ir acompañada de la expropiación de aquellas empresas que incumplan reiteradamente las normativas legales, o que se vean incursas en planes desestabilizadores, poniéndolas bajo control de los trabajadores.
Así transformaríamos una situación, de potencialmente favorable al golpismo, en una de cambio total y liberación social y económica, para muchos compatriotas que hoy laboran semi-esclavizados en empresas de vigilancia, y que se encuentran ansiosos de poder colaborar con la derrota de aquellos y por la profundización del socialismo.
Oposición se plantea deslegitimar poderes
“Un segundo escenario sería un Frente Radical, a mediano plazo, para oponerse a leyes que son catalogadas por la oposición de autoritarias y antidemocráticas, para ello se han creado sub frentes para movilizar a la oposición contra el Gobierno Nacional para obligar la salida del presidente Chávez por la vía de facto”. "A esta acción se le suman organizaciones como el Bloque de Militares Retirados, Alianza Militar Venezolana, compañías de seguridad de policías y militares retirados, grupos paramilitares y un frente internacional" (18.01.09).
Como podemos observar, el problema del uso de las empresas de seguridad, como agencias fachadas para cometer ilícitos, no solo no es un asunto pasado, sino que tiende a crecer, en sintonía con que ocurre en otras partes del orbe.
Las organizaciones de Derechos Humanos por ejemplo, han descrito lo que ocurre en Irak, con el uso de tales “empresas de seguridad”, adonde envían y protegen bajo su fachada, a mercenarios sin ningún respeto por la vida humana, exceptuados por su condición de civiles de cumplir las normativas militares humanitarias, como la Convención de Ginebra, y amparados por ese mismo hecho de poder ser juzgados de crímenes de guerra.
En México, una de esas tristemente célebres empresas de seguridad, la “Blackwater”, abrió y ofreció recientemente su campamento de entrenamiento a los ejércitos y policías del mundo, en tácticas antiterroristas y de operaciones especiales tipo SWAT, en una suerte de “Escuela de las Américas” de carácter privado.
En Colombia, decenas de Paramilitares, sobre quienes pesan acusaciones de violaciones contra los derechos humanos, son absorbidos por empresas de vigilancia, como parte del paquete de desmovilización ofrecido por el gobierno.
Ante este panorama, creemos más pertinente aún, ratificar nuestra exigencia en el sentido que nuestro gobierno debe poner de una vez por todas el cascabel al gato en materia de supervisión y control estricto de las empresas de Vigilancia y Seguridad.
No puede seguir ocurriendo, que los responsables de la supervisión, el ente llamado DIGESERVIP (ahora CONASERVIP), reconozca pública y notoriamente la existencia de un aproximado de 80% de empresas ilegales… ¡¡ y no haga absolutamente nada al respecto !!.
Igualmente hemos propuesto, que una vez aprobada la reducción de nuestra jornada laboral, en parte del tiempo excedente, bien se podría dar formación política, militar e ideológica, a la par de conformarse una amplia red en actividades de inteligencia y contra-inteligencia, a muchos de nuestros compatriotas, aprovechando el factor clave de nuestra dispersión geográfica en viviendas, industrias y comercios, a todo lo largo y ancho del país.
Esta medida igualmente debería de ir acompañada de la expropiación de aquellas empresas que incumplan reiteradamente las normativas legales, o que se vean incursas en planes desestabilizadores, poniéndolas bajo control de los trabajadores.
Así transformaríamos una situación, de potencialmente favorable al golpismo, en una de cambio total y liberación social y económica, para muchos compatriotas que hoy laboran semi-esclavizados en empresas de vigilancia, y que se encuentran ansiosos de poder colaborar con la derrota de aquellos y por la profundización del socialismo.
