PCV: Llama a movilización para aprobar Ley Orgánica del Trabajo

Alerta sobre presiones de la burguesía para no ser aprobada

Caracas, 19 oct. 2009, Tribuna Popular TP.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), llamó a las y los trabajadores a una movilización a la Asamblea Nacional para el próximo jueves 29 de octubre, con el objetivo de luchar porque este año se apruebe una nueva Ley Orgánica del Trabajo, ya que existen presiones de las diferentes fracciones de la burguesía, “tanto al emergente que se supone forma parte de la alianza bolivariana, como la pro imperialista que actúa la contrarrevolución”, señala la declaración pública.
Así lo expresó, el diputado pecevista, Douglas Gómez en rueda de prensa, quien leyó una declaración escrita emanada del Burí Político y que publicamos en esta página.
Para el PCV es urgente que las trabajadoras y trabajadores venezolanos ejerzan su poder de presión y movilización, porque esta es riesgo la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo de carácter revolucionario para la transición al socialismo.
“Ambos sectores de la Burguesía coinciden en impedir que se apruebe una nueva Ley Orgánica del Trabajo que otorgue más derechos y más poderes a la clase trabajadora”, expresa el texto de declaración.
El Partido Comunista advierte que “se corre el riesgo que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, no sea aprobada o sea mediatizada por influencia reformistas y patronales”, advirtió el dirigente del PCV.
A continuación el texto íntegro de la Declaración del Partido Comunista de Venezuela, fechada el 19 de octubre del 2009:
EL PCV LLAMA A LA MOVILIZACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES POR LA APROBACIÓN ESTE AÑO DE UNA NUEVA Y REVOLUCIONARIA LOT
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) llama a las y los trabajadores a luchar por la aprobación inmediata de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que supere integralmente a la vigente pero anacrónica LOT, la cual fue diseñada esencialmente a la medida de los intereses de los patronos y su sistema de explotación y opresión. La nueva LOT tiene que ser una ley para la transición revolucionaria hacia el socialismo que responda a la realidad contradictoria de la actual sociedad venezolana, donde prevalece el modo de producción capitalista y donde nos proponemos iniciar el establecimiento de relaciones socialistas de producción, con la participación protagónica de la clase trabajadora.
La elaboración de la nueva LOT transita en estos momentos el enfrentamiento entre los intereses de las y los trabajadores y los de las diversas fracciones de la burguesía, tanto la emergente que se supone forma parte de la alianza bolivariana, como la proimperialista que actúa en la contrarrevolución; ambos sectores de la burguesía coinciden en impedir que se apruebe una LOT que otorgue más derechos y más poder a la clase trabajadora. Se corre el riesgo de que la LOT no sea aprobada, o sea mediatizada por influencias reformistas y patronales.
La única garantía de que la Asamblea Nacional apruebe la Ley que los trabajadores necesitamos y que ha venido alimentándose con las propuestas surgidas de los debates que ha organizado en todo el país la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, es la movilización y la lucha unitaria de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador.
El PCV afirma que la clase obrera y los trabajadores en general deben tener una herramienta legal que recoja las históricas luchas del movimiento obrero y sindical clasista y que, por lo tanto, sirva para conquistar mayores derechos laborales y para jugar un papel decisivo en la profundización de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que vive el país en dirección al socialismo.
La nueva LOT debe contener, entre otras, las siguientes reivindicaciones:
*- Los derechos laborales deben ser elevados al rango de derechos humanos
*- Los trabajadores deben disfrutar de estabilidad general y absoluta
*- Extender los derechos colectivos e individuales a todas y todos los trabajadores, incluyendo a quienes laboran en los órganos civiles de seguridad ciudadana (policía nacional, bomberos, etc.)
*- Deben establecerse sanciones privativas de libertad a los patronos violadores de los derechos laborales
*- Se debe reconocer el derecho de las y los trabajadores a la participación protagónica en sus centros de trabajo, y se deben establecer mecanismos concretos para el ejercicio de dicha participación, tales como los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras
*- Eliminar los “períodos de pruebas” en las relaciones de trabajo
*- Eliminar la tercerización y todas las formas de precariedad del empleo
*- Garantizar plenamente los derechos laborales de las y los trabajadores en régimen especial
*- Reducir la jornada laboral sin disminución del salario y con miras a crear más puestos de trabajo
*- Fortalecer el fuero maternal y ratificar en el texto de la LOT el fuero para las y los delegados de prevención
*- Transformar y hacer más eficaz al actual Ministerio del Trabajo y establecer el ejercicio de la contraloría de las y los trabajadores sobre las Inspectorías del Trabajo, etc.
*- Favorecer la unidad y fortalecer el movimiento sindical, dándole mayor fuerza a los sindicatos únicos o unitarios por ramas industriales o sectoriales.
Para conquistar estas y muchas otras reivindicaciones, convocamos a toda la clase trabajadora a la movilización este jueves 29 de octubre hacia la Asamblea Nacional, por la aprobación YA de una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo.
Buró Político del Comité Central PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA

(Originalmente publicado el 19/10/2009 en www.pcv-venezuela.org, por cortesía de Vigilancia Activa).

SEGURIDAD VS INVER-SIONISTAS

Mientras el gobierno bolivariano se esfuerza por consolidad la integración latinoamericana y mundial, especialmente con los pueblos que se resisten a seguir bajo el yugo de los poderes imperiales, las matrices de opinión buscan mostrar un aislamiento del país y su gobierno, que solo existe en la ficción transmitida por radio y TV.

Por tales razones, los sectores fascistas que hacen vida en el país, histórica, estrecha y sistemáticamente colaboradores de los gobiernos de Estados Unidos, intentan por todos los flancos posibles, golpear al gobierno de Hugo Chávez.

Citando a Heinz Dietrich, “el gobierno venezolano se enfrenta a cinco frentes de desestabilización principales: el paramilitar; el económico; el mediático; el institucional y el internacional”.

La inseguridad sobredimensionada por los medios es una de las fortalezas de estos grupos, vinculados con el sionismo internacional (Movimiento nacido en 1897, expansionista, racista, colonial, fundamentalista, militarista e imperialista, que propugna la supremacía de un grupo y que se fortalece gracias a la acumulación de capital). Este cáncer, la inseguridad, que creció al ritmo de la corrupción y el burocratismo, instaurados por el pacto de Punto Fijo, no fue atacado en el pasado. Y en el presente, su tratamiento es doloroso, lento y costoso, pues no hay condiciones para aislar al paciente que lo padece. Todos, sanos y enfermos, deben ocupar el mismo espacio, haciendo mucho más lejana la asepsia. El tratamiento es integral. La sociedad se debe tratar de manera orgánica para lograr extirpar este mal definitivamente.

La seguridad en manos de ex policías

Acabar con la inseguridad en un sistema que garantiza los derechos humanos no es tarea fácil. En el pasado cercano hubo quienes gritaron lo que fue más que una consigna: plomo al hampa, pero fueron precisamente de los primeros en ser vomitados por el proceso. Este mal por el contrario, se elimina en la medida que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden cubrir sus necesidades básicas. Y esto no se logrará en su totalidad hasta que la sociedad y las relaciones de producción respondan a principios y valores socialistas. Mientras exista el capitalismo no es posible tener una sociedad sana. Mientras se pretenda mantener conectado al sistema para que siga respirando no será viable una solución. Pero ello no significa que los esfuerzos por combatir la inseguridad estén cayendo en un barril sin fondo. Por el contrario, es necesario intentar y realizar todo el trabajo para reducir los niveles de delincuencia.

Sin embargo, el esfuerzo de las instituciones puede ser frenado por el muro de contención que forman los aliados de la delincuencia: los inver-sionistas. Muchos de los dueños, directores o representantes jurídicos de las llamadas “empresas de seguridad”, que instalan sistemas para ofrecer mayor tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas; que guardan las espaldas a quienes pueden pagar por ello y quienes cuidan las propiedades de las minorías privilegiadas en el país, son ex funcionarios o ex efectivos de los cuerpos de inteligencia del Estado (Policía Técnica Judicial , Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, Dirección de Inteligencia Militar, entre otros), algunos, lo suficiente, vinculados al servicio secreto israelí Mosad.

Una de estas empresas de ex policías es la Organización Detecta C. A. (ORDECA), cuyo director principal, es el policía Arpad Bango Stagel, quien se desempeñó como Comisario General de la Disip, durante el gobierno de Luis Herrera Cámpins. A este sujeto se le vincula con la guerrilla.

Un dato importante: durante la gestión de Eliécer Otaiza, a la empresa de Arpad Bango le fueron decomisados documentos y material clasificado como confidencial y de seguridad de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el reintegro a la DISIP de lo decomisado.Otro sujeto dedicado al oficio es Henry López Sisco, a quien junto con Arpad Bango se le acusa de haber dirigido masacres como la de Cantaura, cometida el 4 de octubre de 1982, en la que perdieron la vida 23 personas; y Yumare, el 8 de mayo de 1986, que cobró la vida de 9 jóvenes, quienes fueron emboscados, torturados y vilmente ejecutados. Recordemos que en Cantaura el lugar fue bombardeado por la Fuerza Aérea y luego los funcionarios de la DISIP se encargaron de dar “tiros de gracia” a los heridos. Luego todos fueron enterrados en fosas comunes, siguiendo cabalmente las instrucciones de la “operación exterminio” ordenada por Ronald Reagan.

López Sisco se dedicó al ejercicio privado de la “seguridad” y se le conoce principalmente por sus acciones “anti-secuestro” en los estados fronterizos. Incluso ha sido asesor de seguridad de la gobernación del estado Zulia, dirigida por Manuel Rosales.

Otro personaje es Israel Weizer, quien trabajó en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y en la Disip. Durante las gestiones de Remberto Uzcátegui y Arpad Bango ascendió vertiginosamente. Según decía orgulloso, formó parte del equipo de “limpieza” que participó en la masacre de May Lai, en Vietnam. Bombardeo ejecutado por el ejército norteamericano, el 23 de mayo de 1969, en cual murieron centenares de personas inocentes, ancianos, niños y mujeres.

Vivir de la muerte

Al tiempo que el gobierno invierte grandes cantidades de dinero en controlar el mal, las empresas privadas del ramo se consolidan, actualizando sus sistemas de seguridad, cuya instalación cada día es más costosa.

Recordemos el episodio del paro sabotaje y las guarimbas, entre los años 2002 y 2004. Cuando la amenaza: “los chavistas van a bajar de los cerros y a entrar en las casas”, no solo inspiró a la autodenominada sociedad civil para que colocara ollas de aceite caliente en las azoteas de los edificios, sino que además le valió a las empresas de seguridad y a las armerías una de sus mejores temporadas.

Pero no solo las empresas que ofrecen sistemas de seguridad o protección personal, las armerías también han sido beneficiadas sustancialmente, aunque quienes adquieren las armas en estos establecimientos necesitan cumplir con una serie de requisitos como exámenes psicológicos; pago de impuestos y otros. Luego, obtener el permiso que la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) otorga para retirar el arma o portarla.

Pero estos controles no existen en el mercado negro de armas donde para obtener una solo hay que pagar por ella. El comercio ilegal es mantenido por los robos y atracos a residencias y vehículos, y gracias a las armerías de los cuarteles de policía donde las armas viejas que deben ser descontinuadas no cumplen el debido proceso y en el camino “se van perdiendo”.

La seguridad es un gran negocio. Mucho más rentable después de haber sido entregada a la administración de privados. Y es que no solo CANTV, Cadafe, Sidor, Viasa, Aeropostal y otras fueron privatizadas por el puntofijismo, la seguridad también fue privatizada, sin licitación, sin papeles, sin oferta pública.Si las políticas del estado para frenar el hampa son eficientes, los resultados no solo se mostrarán en las estadísticas de los fines de semana, sino también en los balances generales de las empresas de seguridad. La fórmula es sencilla: más inseguridad igual a más inver-sionistas; más seguridad igual a menos inver-sionistas. Una vez más se cumple la ley de oferta y demanda.Sería interesante que muchos nombres fueran investigados, así como su vinculación con la “industria de la seguridad”, una de las más prósperas del país.

N.E: Pese a que esta noticia pudiera considerarse ya como "viejita", pensamos que mantiene plena vigencia. Las autorizaciones para operar empresas de seguridad deben dejarse de otorgar a esos oscuros personajes, de tenebrosos pasados y lazos con la derecha golpista y/o agencias de inteligencia de gobiernos hostiles. Es la hora de su CONTROL POR LOS PROPIOS TRABAJADORES COMPROMETIDOS CON LA REVOLUCIÓN.

(Por: Hindu Anderi. Publicado originalmemente por rnv.gov.ve el 07/03/2007)

Guerra entre poderes trastoca la Reforma a la Ley del Trabajo

Proyecto paralelo desmejora los beneficios de los trabajadores
En los predios de la Asamblea Nacional (AN) ya se habla de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) paralelo que está impulsando el Ejecutivo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que se enfrenta al informe que está en proceso de aprobación por parte de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento. Esta semana el diputado Francisco Torrealba ofreció algunos detalles sobre los adelantos en el proyecto de cambios a la normativa laboral, pero fuentes parlamentarias indicaron que lo que dijo poco se parece al papel de trabajo que reposa en la instancia que analiza las modificaciones a la LOT y de la que Torrealba forma parte. El propio presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Óscar Figuera, dijo este viernes que el esquema de retroactividad de las prestaciones no ha sido discutido aún, y fuentes parlamentarias aseguraron, además, que lo dicho por Torrealba ni siquiera se asemeja a las propuestas que han salido a relucir hasta los momentos en las discusiones en el seno del órgano parlamentario.

El régimen explicado por Torrealba consiste en un aporte del patrono por antigüedad no menor a 45 días anuales al último salario devengado para los primeros cinco años de vigencia del instrumento legal, para luego reducirlo a 30 días por año. Pero en realidad en la Comisión de Desarrollo Social todavía no han descartado la idea de un esquema mixto, que mantenga los cinco días de aporte mensual a salario promedio y añada 15 días cada año con el último sueldo devengado por el trabajador, es decir, un régimen mixto de prestaciones sociales, que hasta hace poco contaba con el apoyo del propio Torrealba.

Lo cierto es que existen dos proyectos rondando en la AN: el informe de la comisión que, según indicaron consultados, cuenta con un cuerpo de 500 artículos, que elimina cerca 270 artículos de la LOT vigente y reforma alrededor de 265; y el que tiene el aval del Ejecutivo y el PSUV, que cuenta con un total 700 artículos, de los cuales 500 fueron reformados. La entrega de este último no ha sido formalizada y ya eso desata enfrentamientos entre las fuerzas políticas que hacen vida en la AN.

Fuentes indicaron que Figuera le dio un ultimátum al Partido Comunista de Venezuela, del que forma parte, y amenazó con renunciar a la Comisión de Desarrollo Social si la propuesta de reforma a la LOT que promociona Torrealba a nombre del PSUV pasa por encima del trabajo legislativo que están haciendo desde la instancia parlamentaria.

Propuesta desfavorable

Diputados consultados en la AN criticaron que el proyecto de reforma de la LOT que el Ejecutivo quiere incluir en la discusión va en contra de la idea de favorecer a los trabajadores y que, por ello, no lo apoyarían. Indicaron que el esquema vigente de prestaciones sociales es incluso más favorable para la masa laboral que la retroactividad propuesta por el Ejecutivo a través del PSUV. Por ejemplo, un trabajador que gana el salario mínimo de 967,5 bolívares fuertes mensuales tendría derecho a un aporte de 1.776,12 en su fideicomiso por antigüedad, mientras que el régimen asomado por Torrealba implicaría un abono por 1.451,25 para el mismo período.

Igual sucede con la propuesta de jornada laboral presentada por Torrealba, que no recorta el tope diario de labores, sino solo el máximo semanal de las 44 horas vigentes a 40 horas. Por lo pronto, la meta es aprobar la reforma antes del 15 de diciembre. Fuentes parlamentarias señalaron que desde el Ejecutivo no se ha ordenado aplazar hasta el año 2010 la aprobación de la normativa laboral y que el proceso de análisis y consultas seguirá su curso.
(Originalmente publicado el 04/10/2009 en El Universal por Suhelis Tejero Puntes_Cortesía de Vigilancia Activa)